Secretaría de Finanzas y banca privada: los emisores del portafolio de INJUPEMP

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de estos activos acaparó gran atención a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus decisiones de inversión a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción por L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el reporte difundido en su portal digital, el presente texto analiza la conformación de la cartera, distinguiendo los instrumentos estatales de aquellos asociados al sector bancario privado, poniendo el foco en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El informe de inversiones al cierre de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en una digitalización de siete páginas, los montos aquí reseñados corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir sin dificultad.

Con base en los agregados del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de los títulos en la misma moneda. Esa proporción surge de los totales, pero no constituye un dato emitido formalmente por el instituto.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro del portafolio de inversiones de INJUPEMP?

En los registros legibles del informe no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca estatal, tales como Banadesa o Banhprovi. Por su parte, la administración central figura como entidad emisora por medio de la Secretaría de Finanzas, con bonos del Gobierno de Honduras denominados tanto en lempiras como en dólares.

La diferencia importa para entender el portafolio: los bonos del Gobierno son deuda del Estado, no depósitos en un banco. Los bancos privados, en cambio, aparecen como emisores de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. El detalle incluye además bonos corporativos, notas estructuradas y acciones de empresas que no son bancos.

En moneda estadounidense, los bonos estatales alcanzan los USD 67.2 millones de un total de USD 266.1 millones colocados en títulos en moneda extranjera, lo que representa cerca de una cuarta parte. El monto restante pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en dólares emitidos por Banco Atlántida.

¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
• Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
• BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
• Banrural: acciones por L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
• Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.

Entre las sumas identificables, Promérica anota certificados por L25 millones al 8.5 % y por L10 millones al 10.2 %, además de colocar L1.8 millones en deuda subordinada al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con un rendimiento del 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento no muestra si fue renovado.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Los L900 millones destinados a acciones preferentes representan una parte relativamente pequeña del portafolio de INJUPEMP, pero han despertado especial interés entre sus afiliados. De acuerdo con el documento, este monto equivale al 2.2 % de los L41,053.8 millones que conforman el Fondo de Capitalización Colectiva. Además, una nota al pie aclara que, a la fecha de publicación del detalle, los L900 millones todavía se encontraban en tránsito por invertir, sin precisar el destino de esos recursos.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, cuyos abonos se realizarán cada seis meses desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su esquema de reparto facilitan una comprensión más profunda sobre la naturaleza de la colocación y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.

¿Quién supervisa la asignación de recursos en la banca pública y privada?

Los cinco institutos públicos de previsión del país están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que también supervisa a los bancos comerciales. La decisión de invertir corresponde a la junta directiva y al comité de inversiones de cada instituto, y la CNBS vigila que se cumplan los procesos de debida diligencia, sin decidir las inversiones.

La Superintendencia de Pensiones y Valores revisa, desde el lado del inversionista, que las operaciones se hagan con prudencia. Cuando una inversión implica cambios en el capital de un banco, la autorización de la CNBS es un trámite distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de las instituciones financieras privadas dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan la intervención pública, en tanto que siete entidades bancarias privadas participan mediante diversos mecanismos financieros. Cabe destacar que en la documentación analizada no se registra la presencia de ningún banco del Estado.

Monitorear el destino de estos fondos también exige examinar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita verificar los importes, las entidades emisoras y la naturaleza de las inversiones, y cuenta con las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a esto, los montos no permanecen estáticos: los vencimientos y la incorporación de nuevas transacciones logran alterar la cartera, por lo que resulta clave considerar la fecha de corte para analizar y contrastar la información con precisión.

En cuanto a las entidades bancarias integradas en este ecosistema, analizar sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los actores involucrados en el ámbito. Con este fin, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, corporación de finanzas y seguros con operaciones en diversos territorios de Centroamérica.